De nuevo, Cristina Fernández de Kirchner
vuelve a la carga en su cruzada personal contra REPSOL, esta vez empleando como
testaferros a los distintos gobernadores provinciales adscritos a su partido. No
oculta la mangataria austral sus
deseos de hincarle el diente a YPF, la filial local de REPSOL, demostrando unos
modos más propios de un pezzonovante
de la cosa nostra que de un gobierno
que pretende ser respetado y tenido en cuenta por el resto del mundo.
La presidenta argentina está haciendo un flaco
favor a su país cultivando con tanto afán la inseguridad jurídica, de modo que
invertir en él cada vez se asemeja más a jugar a una ruleta rusa trucada en la
que todos los disparos se efectúan sobre la misma sien.
La empresa española ya ha
anunciado que emprenderá medidas legales en contra de estas suspensiones arbitrarias
de sus licencias. Lo que resta por comprobar es si nuestro gobierno va actuar
con decisión y firmeza en este caso o va a perpetuar la tradición de paños
calientes instaurada por el anterior ejecutivo.
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