Una vida, seis euros

Cuando la justicia se mofa de su propio nombre, se hace un flaco favor a sí misma. Si el ciudadano percibe que la justicia no sólo no es universal, si no que ya no es ni siquiera justa, se desmorona el principal pilar en el que se apoya el estado de derecho: el principio de que los ciudadanos estamos sujetos a las mismas obligaciones y responsabilidades.

El sentido del indulto dentro del estado de derecho es hacer valer la justicia aplicando el espíritu de la ley allí donde la letra de la misma impide llegar. Cuando lo que se hace es ciscarse en la letra de la ley, en su espíritu y en la madre que las trujo, se incurre en una conducta tan abyecta para la que ni siquiera soy capaz de encontrar nombre.

De ningún modo se puede perdonar lo que parece haber sido un intento de suicidio con absoluto desprecio a las vidas que pudiera llevarse por delante en el mismo. La pobre excusa de que “no recuerda nada”, una evidente consigna de abogado poco ingenioso, resulta tan indignante que sólo por ella hubiera debido denegarse el indulto.

Si además en el escándalo se vislumbra la sospecha de que se ha tratado con favoritismo al encausado por estar involucrado un familiar del ministro del gremio, los niveles de infamia se elevan exponencialmente.

Las pobres escusas de la vicepresidenta, prometiendo que “el gobierno se mostrará mucho más riguroso si cabe” en el futuro huelen tanto a mierda que uno no entiende como pudo pronunciarlas sin vomitar. Y lo peor de todo, el precio en que se ha tasado la vida de un pobre muchacho de veinticinco años: seis euros al día, más o menos lo que se gasta un fumador empedernido en tabaco.