Ley D’Hondt, ley del embudo

Resulta llamativo que locutores y tertulianos políticos coincidieran tras los comicios en la clamorosa injusticia que suponen los más de doscientos mil votos que le ha costado cada escaño a  UPyD o los ciento cincuenta mil  de IU, frente a las gangas de poco más de sesenta mil de CiU o los cuarenta y siete mil de la nueva marca de ETA, hecho objetivo y sobre el que no se puede disentir, pero lo de veras asombroso es que unos y otros atribuyeran la causa de esta tropelía a la siempre vilipendiada ley D’Hondt. Incluso, una famosa periodista especializada en estos asuntos (Pilar Cernuda, para qué andarnos con rodeos) se atrevía a afirmar que, por paralelismo con los partidos de taifas,  la formación de Rosa Díez hubiera obtenido más diputados si se hubiera presentado sólo por Madrid, prueba notoria de que la ignorancia no está reñida con la notoriedad, muy al contrario, y además emparentada con la osadía.

La tan maltratada ley no puede ser la causa de estos desmanes, ya que esta ley perjudica a las minorías en general, y en estos comicios, como en todos, quienes se ven siempre más desfavorecidos son los partidos de ámbito nacional frente a los partidos de taifas, y esta infamia se produce por la compartimentación geográfica de los escaños: esto es: trescientos mil votos repartidos en cuarenta provincias pueden no suponerte ningún diputado, mientras que si se concentran en tres pueden valerte siete.

Es evidente que esta fragmentación del voto no tiene sentido alguno, ya que la asignación territorial de los diputados es meramente nominal, y, a diferencia de lo que ocurre en Gran Bretaña u otros países, no existen diputados de distrito a quienes acudir cuando uno tiene un problema con la administración, por lo que es evidente que debiera existir una circunscripción electoral única que eliminase esta fuente de agravios, y ahora, que el gobierno no precisa de los partidos de taifas para gobernar, debiera ponerse de acuerdo con el PSOE para cambiar de una vez la ley electoral.

Y, por lo que respecta a la denostada ley D’Hondt, imaginen que no existiera: en ese caso, el PP no podría gobernar ni siquiera en coalición con CiU, y eso que ahora entre ambos suman más de doscientos escaños. Un parlamento meramente proporcional sería ingobernable: incluso con el sistema actual, durante la mitad de las legislaturas, todas las que no ha existido mayoría absoluta, los gobiernos han sido rehenes de los partidos de taifas, así que la ley D’Hondt ni me la toquen.