Cuando la justicia es el peor enemigo

Ayer, en diez minutos escasos de telediario, tuve ocasión de contemplar tres casos sangrantes que demuestran que un grave problema de fondo subyace en nuestro sistema legal.

El primero de ellos, el de un matrimonio que, tras retornar de vacaciones, encontraron su casa ocupada. De esto hace ya más de un año, pero el juez que lleva el caso ha paralizado el desahucio porque los ocupadores no tienen dónde ir (los desocupados tampoco, pero eso al magistrado se la trae al fresco).

Los otros dos casos orbitan en torno al dislate que supone la vigente ley del menor: uno de ellos es el caso de “el Rafita“, asesino convicto de Sandra Palo, prófugo de 21 años que campa por sus respetos y se cisca en la policía y el sistema judicial porque cuando cometió el delito era menor. El último es el de un caso de violencia de género en el que el agresor se libra de ser imputado por el hecho de ser menor.

Es evidente que cualquiera que disponga de un mínimo de sensatez desea vivir al amparo de una legislación garantista, pero la nuestra se encuentra desviada, de modo manifiesto y unívoco, hacia una suerte de perverso paternalismo que únicamente redunda en beneficio del delincuente. En esto debieran aplicarse a fondo nuestros legisladores (esa debiera constituir la verdadera naturaleza nuestros representantes electos, en lugar de erigirse en meros instrumentos de votar de sus respectivos “aparatos”) y no en marear la perdiz en torno a memorias históricas, supuestos de aborto, leyes de igualdad (todas ellas discriminatorias) y reacuñar estatutos.

Tan notorio como la necesidad acuciante de estas reformas, es el hecho de que nadie se va a atrever a acometerlas: el PSOE porque no son “progesistas” y el PP por miedo a ser tachados de reaccionarios.

Y usted y yo a sufrirlo.